Modelo de Gobierno Responsable

El Modelo de Gobierno Responsable es un conjunto de parámetros que configuran una gestión gubernamental encaminada estrictamente a lograr el bienestar de la población y el desarrollo de un país o región, dejando de lado motivaciones clientelares o políticas. Es decir, el Modelo de Gobierno Responsable conlleva la ejecución de acciones que sean realmente convenientes para la sociedad, en el mediano y largo plazo, independientemente de si hacerlo genera réditos, popularidad o desgaste político para los gobernantes en el corto plazo.

Atendiendo la realidad de América Latina en general, y de Ecuador en particular, el enfoque fundamental del Modelo de Gobierno Responsable es el combate a la pobreza, entendida ésta en un sentido amplio, como una carencia de derechos, libertades y capacidades, rebasando por tanto la tradicional visión de la pobreza que la limita a una situación de insuficiencia de ingresos.[1]

Así, el Modelo de Gobierno Responsable se compone de dos elementos:

1. Principios fundamentales, como la defensa a los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos, el respeto a los marcos constitucionales y al estado de Derecho.
2. Criterios para el diseño y ejecución de políticas públicas efectivas en el campo social, económico, ambiental, cultural, educativo y de participación ciudadana.

Estos principios fundamentales y criterios de política pública se formularon con base en los principales consensos generados en el sector académico a nivel internacional y la observación de mejores prácticas de gestión pública en diversos países del mundo, muchas de las cuales resultan novedosas para Ecuador y América Latina.

El Modelo de Gobierno Responsable persigue un doble propósito. Primero, servir como un marco de análisis para políticas públicas o propuestas electorales, de tal forma que se las pueda evaluar en función de su apego a un grupo objetivo de parámetros de responsabilidad. Segundo, ofrecer un marco de referencia para la gestión gubernamental y su evaluación ciudadana, promoviendo la aplicación del concepto de responsabilidad, lo que implica el cumplimiento pleno del mandato encomendado por sus habitantes.

El Modelo de Gobierno Responsable trasciende la clásica división izquierda - derecha en la que muchos países se encuentran atrapados. Incorpora aspectos que en el pasado fueron patrimonio de una u otra corriente, así como otros que tienen relación con el convivir social contemporáneo y que no alcanzan a definirse en función de una dicotomía que, como la de izquierda - derecha, surgió hace más de doscientos años. El Modelo de Gobierno Responsable representa la antítesis del populismo, del autoritarismo y de todas aquellas formas de gobierno que no estén orientadas hacia el desarrollo colectivo, independientemente de su procedencia ideológica.

Ante la complejidad y evolución de las sociedades contemporáneas, así como de las relaciones entre ciudadanos y autoridades, la clásica dicotomía que surgió de algo tan fortuito como la ubicación física de asambleístas, es algo caduco.  De hecho, la dicotomía o bipolarización original, que consistía exclusivamente en el apoyo o la oposición a conceder la capacidad de veto al Rey, ha ido variando en el transcurso del tiempo, con posiciones extremas en aspectos tan variados como económicos, participación del Estado, estructura del Estado, libertades individuales, participación ciudadana, consolidación de la democracia, explotación de recursos naturales, asuntos de género, sexualidad y concepción de una nueva vida, entre muchos otros, los cuales no se pueden reducir o delimitar a sólo dos posiciones extremas y siempre simultáneas para todos éstos y otros aspectos del quehacer humano, siendo evidente que la naturaleza humana y social tiene múltiples facetas, con intrincadas relaciones, cruces y permutaciones entre los diversos asuntos.  Incluso, en años recientes se ha podido constatar que regímenes supuestamente de “izquierda” (como China o Brasil durante el régimen de Lula, entre muchos otros países) han adoptado medidas y políticas públicas trascendentales que solían ser consideradas exclusivas de la “derecha”; y, viceversa.

De hecho, en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos comunes la ideología o la tendencia política son casi intrascendentes, pues lo que les interesa son las acciones concretas que les permita mejorar la calidad de vida; es decir, para ellos no importa la ideología sino los resultados concretos de las políticas públicas.  De hecho, cada vez más ciudadanos han dejado de identificarse como de “izquierda” o de “derecha”, y sus propias connotaciones no siempre están del todo claras.

Durante las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un obsesivo enfoque en el crecimiento económico como la gran meta de la acción gubernamental y su medición como referente del progreso. Este esquema de desarrollo no sólo ha fracasado en aliviar la pobreza y la desigualdad, sino que también ha generado daños irreparables a los recursos naturales. En línea con las nuevas corrientes de pensamiento, el Modelo de Gobierno Responsable plantea una visión alternativa, en la que prima la dignidad de la persona y la búsqueda del bienestar, en armonía con el medio ambiente. Si bien es importante impulsar el crecimiento económico, éste, lejos de ser un fin en sí mismo, representa una de las herramientas para alcanzar el objetivo primordial del bienestar. En este contexto, la labor del Estado debe encaminarse a generar las condiciones (sociales, económicas, ambientales e institucionales) para que todas las personas puedan llevar vidas largas, saludables, productivas, satisfactorias y felices.

 [1]Siguiendo la teoría de Amartya Sen, desarrollada en su libro “Development as Freedom”.

Respeto a los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos

El ejercicio responsable de gobierno tiene como base conceptual y filosófica el respeto absoluto y la promoción de la institucionalidad democrática, las libertades y los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos rechazando por tanto toda forma de autoritarismo y represión. Asimismo, promueve la tolerancia, el diálogo, y la no-violencia como método para la solución de las diferencias.

Respeto al marco constitucional, el estado de derecho y el imperio de la ley

El gobierno debe ceñir su gestión al estricto cumplimiento de la Constitución, los marcos institucionales y legales. En tal sentido, se debe garantizar la vigencia plena del estado de derecho y el imperio de la ley como norma esencial de convivencia social.

El Modelo de Gobierno Responsable, contrario a las posiciones tradicionales, concibe a la pobreza como un fenómeno integral, que trasciende una simple situación de insuficiencia de ingresos. Siguiendo a Amartya Sen, la pobreza es una carencia de derechos, capacidades y libertades. Por lo tanto, no sólo debe ser combatida por un grupo de políticas sociales y económicas, sino por un conjunto de acciones mucho más amplio que, de hecho, comprenden la actividad integral del Estado, mismo que debe enfocar su gestión a la superación de la pobreza.

Una sociedad libre de pobreza es aquella en la que todos los ciudadanos pueden ejercer de manera plena sus derechos, capacidades y libertades; este ideal debe representar el objetivo central de la actividad política y de la gestión pública.

La política social debe ser un instrumento efectivo para corregir los niveles de inequidad en la distribución del ingreso y dotar de igualdad de oportunidades a la población más necesitada, para lo cual se canalizará a través de programas de política pública técnicamente diseñados, debidamente focalizados y financieramente sostenibles. Es decir, los programas sociales deben alejarse de motivaciones de carácter clientelar, marcando así una clara diferencia con el populismo, que supuestamente canaliza su acción hacia lo social pero no de una forma que realmente contribuye al desarrollo de la población de escasos recursos a corto, mediano y largo plazo.

En América Latina existen algunos ejemplos de programas sociales que cumplen los criterios antes señalados y que han logrado desarrollar capacidades de la población más pobre a través del concepto de corresponsabilidad y con el objeto de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Entre los casos más representativos se puede mencionar el Programa “Oportunidades” en México, que a su vez sirvió como modelo para los programas “Puente” en Chile y “Bolsa Familia” en Brasil.

Con el propósito de desarrollar las capacidades de toda la población e incorporar plenamente en los procesos productivos a los sectores marginados, resulta esencial enfrentar con solvencia el reto de mejorar la educación, la salud y los servicios básicos. Ello debe realizarse a través de mecanismos novedosos de política pública que, por ejemplo, estimulen una activa participación del sector privado y de la comunidad bajo la rectoría estatal, teniendo como meta no sólo elevar la cobertura de los sistemas públicos de educación y salud, sino también su calidad. Lo mismo aplica para la provisión de infraestructura básica como vivienda, agua potable, energía eléctrica y drenaje.

Un marco macroeconómico saludable es condición fundamental para detonar el crecimiento y el desarrollo. En este sentido, es necesario contar con niveles de inflación moderados, reservas monetarias sólidas, balanzas comerciales saludables, tasas de interés estables e índices reducidos de déficit, así como disciplina en el gasto público. Sólo un entorno así servirá para incentivar la inversión y el emprendimiento.

El Estado debe adoptar políticas públicas que, en función de análisis costo-beneficio técnicamente elaborados, sirvan para estimular el desarrollo de actividades productivas que detonen vocaciones regionales y ventajas comparativas, cumpliendo criterios de generación de empleo, derrama tecnológica y apego a los principios de sustentabilidad. Se condenan las políticas proteccionistas encaminadas a subsidiar la ineficiencia, bajo el entendido de que los escasos recursos públicos deben destinarse a impulsar aquellas actividades que realmente contribuyan al desarrollo.

El contexto de economía globalizada en el que vivimos debe ser asumido como una realidad y un reto para el cual hay que estar preparados. Por ello, resulta cada vez más importante desarrollar esquemas que permitan el incremento en los niveles de competitividad e innovación tecnológica como herramienta esencial para tener éxito en mercados internacionales cada vez más exigentes. La adopción de programas de política pública encaminados hacia estos propósitos, así como la inversión de mayores recursos en materia de ciencia y tecnología, deben ser criterios fundamentales en una estrategia nacional de desarrollo.

El papel fundamental del Estado en la economía es la de un regulador eficiente, que establece reglas de juego claras y que, lejos de obstaculizar el desarrollo de actividades productivas lícitas, garantiza el cumplimiento de las normas jurídicas y los regímenes contractuales, independientemente del origen – nacional o extranjero- de las inversiones. Ello bajo el convencimiento de que la certeza jurídica es un elemento clave para la atracción de inversiones, lo que a su vez detona el crecimiento económico. Es importante que esta función reguladora del Estado evolucione conforme a las nuevas formas de transacciones económicas.

La crisis económica internacional del 2008 es una prueba de los efectos negativos que puede generar la carencia de un rol regulador efectivo por parte del Estado ante las innovaciones financieras. El papel regulador del Estado debe buscar el bien común, para lo cual, por ejemplo, debe evitar cualquier forma de monopolio empresarial, pues termina afectando a los consumidores. Asimismo, el Estado debe inhibirse de emprender actividades empresariales, no sólo porque lo desvían de su ejercicio regulador para convertirlo en juez y parte, sino también porque hacerlo conlleva una competencia desleal con el sector privado, excepto en los casos en que por la existencia de economías de escala resulta más eficiente que ciertos servicios sean provistos de forma exclusiva por el Estado.

Como herramienta clave para el desarrollo, es necesario adoptar esquemas de cooperación internacional que permitan aprovechar las sinergias económicas de los países y las oportunidades del comercio exterior justo (fair trade). Por comercio exterior justo se entiende aquel que, tomando en cuenta las asimetrías que puedan existir entre las economías, no impone la aceptación de prácticas desleales en los intercambios comerciales. De esta forma, se protege principalmente a los productores de bienes básicos en los países en desarrollo, al apoyarlos a través de la capacitación, acceso al mercado para colocar sus productos, mejores salarios, entre otras medidas que además de generar su autosuficiencia, promueven una mayor equidad en el comercio internacional.

El respeto a las normas jurídicas no sólo debe ser una conducta a seguir por el gobierno en el ámbito nacional. Los tratados internacionales legítimamente celebrados, que respeten los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, deben ser plenamente honrados, lo que contribuye al mantenimiento de la respetabilidad de un país y el goce de los beneficios de ser sujeto de derecho a nivel internacional. Ello también aplica para los compromisos internacionales adquiridos en cualquier área, cuya obligatoriedad debe radicar en su origen apegado a las normas aplicables.

El Modelo de Gobierno Responsable adopta los criterios de respeto y protección al medio ambiente como un elemento central de toda la acción de política pública, concibiendo que cualquier actividad encaminada al desarrollo económico y social debe apegarse de manera estricta a los principios de sustentabilidad. En este sentido, se deberá priorizar el desarrollo de la industria verde y el denominado “mercado de bienes y servicios ambientales” a través de diversos tipos de estímulos, así como la aplicación de los “impuestos ambientales” y el concepto conocido como “el que contamina paga”, entre otros esquemas novedosos, mismos que han sido adoptados con éxito en países como Australia, Canadá y varios países europeos.

Un elemento esencial del Gobierno Responsable es la adopción de normas rigurosas que impongan prácticas de transparencia en cada uno de sus actos, así como la permanente labor de rendición de cuentas con la ciudadanía de manera institucionalizada, bajo la supervisión de un órgano independiente a los poderes del Estado y con la participación de la sociedad civil.

Con el propósito de ejercer la transparencia y la rendición de cuentas de manera sistemática, así como para facilitar la relación entre gobierno y ciudadano, se deberán emplear acciones que de manera paulatina permitan migrar la acción gubernamental hacia las tecnologías de la información. La posibilidad de realizar trámites públicos en línea es un método que permite mejorar las tareas gubernamentales y reducir los costos de la burocracia. En tal sentido, la adopción paulatina del concepto de gobierno electrónico, conforme a las posibilidades de las diferentes economías nacionales o sub- nacionales, debe representar un parámetro para medir la capacidad de los aparatos públicos para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía.

El diseño y aplicación de toda política pública debe necesariamente incluir elementos claros y objetivos que permitan medir su efectividad. Los resultados de evaluaciones periódicas sobre el impacto y desempeño de los programas gubernamentales son el factor que debe determinar su continuidad, modificación o eliminación; incremento o reducción de presupuesto. De esta forma, la acción de gobierno responsable obedece a criterios de efectividad técnicos y objetivos, mas no a consideraciones políticas o clientelares. Ello, con el propósito de enfocar los recursos públicos sólo en aquellos programas que sean realmente beneficiosos para el desarrollo colectivo. El ejercicio de las evaluaciones deberá institucionalizarse, contará con la participación de evaluadores externos al gobierno (organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc.), será mandatorio y con resultados públicos.

La acción gubernamental, además de atender necesidades urgentes y coyunturales, debe enfocarse en las grandes metas de desarrollo definidas a través de ejercicios de planeación y prospectiva a mediano y largo plazo. Las sociedades que han logrado reducir la pobreza y encaminarse hacia el progreso lo han hecho en base a este tipo de planeaciones, mismas que marcan un rumbo definido técnicamente y que no depende de los vaivenes políticos. De esta forma, es posible identificar aquellas áreas que deben recibir atención prioritaria del gobierno en función de su importancia estratégica para el futuro. La realización de este tipo de planeaciones debe ser una práctica periódica mediante la cual se puedan medir los avances y hacer ajustes conforme a las nuevas circunstancias a nivel nacional e internacional. La institucionalización de estas acciones y un elevado grado de participación ciudadana en las mismas representan componentes que aseguran su continuidad a través de los años.

Los gobiernos locales representan las instancias públicas más próximas al ciudadano, influyendo en buena medida sobre su calidad de vida en aspectos de índole cotidiana. Además, su gestión puede ser sujeta a un mayor nivel de escrutinio social. El fortalecimiento de los gobiernos locales se traduce en una aproximación del poder público a la sociedad, siendo por tanto una práctica deseable. Bajo esta concepción, resulta fundamental dotarlos de las capacidades necesarias para que puedan asumir paulatinamente nuevas competencias en aspectos que no son atendidos de manera eficiente por los gobiernos centrales. Esto debe ir acompañado de mayores asignaciones de recursos pero también de exigencias más altas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Además del empoderamiento de entidades territoriales como los estados/provincias y municipios, se debe fomentar el desarrollo de organizaciones comunales, mismas que pueden adoptar algunas competencias en coordinación con los entes municipales.

Las desigualdades de género cruzan todo el entramado social y se relacionan con otras categorías como clase, etnia, edad y religión. El respeto a la igualdad de género como criterio transversal en la acción de gobierno permite identificar las formas en que una política pública afecta de manera distinta a mujeres y hombres, así como adoptar los correctivos que sean necesarios. El Modelo de Gobierno Responsable busca evitar las soluciones reduccionistas o simplistas que colocan a un grupo excluido (las mujeres indígenas, por ejemplo) en una sola categoría. En este sentido, es necesario llevar a cabo políticas de inclusión, tomando en cuenta estas consideraciones en la elaboración, aplicación y evaluación de política pública.

El estado tiene como una de sus obligaciones fundamentales velar por la seguridad de los ciudadanos, protegiendo su integridad física y patrimonio. En este sentido, debe adoptar acciones de política que garanticen un entorno libre de violencia y el imperio de la ley, para lo cual dotará a las instituciones de seguridad y justicia de todos los medios para el cumplimiento de su labor, dentro del marco de la normatividad aplicable.

Asimismo, deberá asegurar a toda la población la atención oportuna y gratuita de los órganos de justicia para garantizar la plena vigencia de sus libertades y derechos.

Uno de los aspectos que diferencian de manera más clara un Gobierno Responsable del populismo, es el manejo de los recursos públicos en estricto apego al mandato encomendado por la ciudadanía. Así, dichos recursos no pueden dirigirse bajo ningún concepto a cumplir propósitos políticos o proselitistas. Se rechaza el empleo de bienes o recursos del Estado para financiar actividades que, lejos de redundar en el desarrollo colectivo, tienen el objetivo fundamental de incrementar la popularidad del gobernante o del partido en el poder, incluyendo la propaganda estatal destinada a influir políticamente en los ciudadanos.

Frente a la obligación de administrar responsablemente recursos limitados, el gobierno deberá distribuir el presupuesto público conforme el nivel de prioridad de las áreas a ser financiadas, tomando en cuenta que el gran objetivo es la búsqueda del bienestar para todos los ciudadanos. De esta forma, deberán eliminarse los gastos que no sean estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento del Estado, y de manera particular aquellos de carácter suntuario, mismos que no se compadecen con la realidad de pobreza que viven los países de América Latina.

Parte importante de los esfuerzos por buscar el bienestar y el desarrollo integral de una sociedad, representan las políticas para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y promover su difusión. De igual manera, se deberán ejercer acciones tendientes a enaltecer la identidad nacional y los valores ancestrales, en especial aquellos de las comunidades indígenas y otras minorías étnicas.

Con el propósito de que todas las personas puedan llevar vidas largas, saludables, productivas y felices, el Estado debe, además de asegurar condiciones satisfactorias en el plano social y económico, impulsar una serie de actividades dirigidas a incrementar los niveles de calidad de vida. Lo anterior conlleva promover una cultura de alimentación sana, práctica deportiva, disfrute de la naturaleza y combate a las adicciones, así como crear espacios de esparcimiento, recreación y fortalecimiento de la cohesión social.

Uno de los elementos esenciales para la construcción de una cultura democrática es el fortalecimiento de la sociedad civil. Aquellos países con sólidos marcos democráticos e institucionales gozan de un alto nivel de participación ciudadana en una amplia gama de temas, que van desde acciones comunitarias hasta la discusión y diseño de políticas públicas. El impulso gubernamental hacia el sector de la sociedad civil es un factor que diferencia a un régimen con vocación democrática de otro que no la tiene. Por ello, resulta necesario entender a cabalidad la importancia de este sector y adoptar medidas efectivas que permitan fortalecerlo, no sólo brindando facilidades para el desarrollo de sus actividades, sino incluso institucionalizando su rol en procesos de toma de decisiones en el ámbito público.